El prefecto de Azuay, Jota Lloret Valdivieso, solicitó a la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, María Luisa Cruz Riofrío, declare la nulidad y revocatoria de la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha.
Además, exigió deje sin efecto todos los actos administrativos dentro del proceso de regularización ambiental; y que mientras se da el trámite de nulidad, se arbitre las medidas cautelares y se disponga la inmediata suspensión total de todas las actividades descritas en la licencia ambiental.
La Prefectura del Azuay ha emitido informe técnico legal sobre la actividad minera en Quimsacocha, en el que se advierte que este proyecto de gran minería afecta una zona de recarga hídrica estratégica, poniendo en riesgo los derechos de la naturaleza, la salud de la población y la provisión de agua para consumo humano y riego, siendo este último de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.
 
															Jota Lloret recordó que la Constitución obliga al Estado a prevenir daños ambientales irreversibles y que el pronunciamiento ciudadano en las consultas populares de Girón en 2019 y Cuenca en 2021, donde más del 80% rechazó la minería en fuentes de agua, es de obligatorio cumplimiento.
