La prefecta del Azuay, Alexandra Quintanilla presentó este viernes 11 de septiembre, ante la Fiscalía Provincial del Azuay, una denuncia contra la empresa Ecuador Gold S.A., por el delito de ocultamiento de información ambiental y uso fraudulento de un certificado ambiental para desarrollar actividades mineras en la parroquia San Bartolomé, cantón Sígsig, con la finalidad de que se determine a los responsables y se proceda con la pena máxima.
El documento fue obtenido a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), bajo el código CIIU F4312.03, correspondiente a actividades de construcción menor. Sin embargo, habría sido presentado como una autorización ambiental para actividades mineras que NO es competencia de la Prefectura del Azuay, dicho certificado no habilita la exploración ni la explotación de recursos minerales y se usó fraudulentamente.
La Prefecta explicó que el 4 de agosto la institución tomó las acciones administrativas que le faculta la ley e informó al Ministerio del Ambiente sobre el uso inadecuado del documento y tras las verificaciones correspondientes el 27 de agosto se dispuso la suspensión del certificado y se notificó a la autoridad ambiental nacional para que adopte las acciones de control dentro de sus competencias. Además, señaló que el certificado ambiental obtenido fraudulentamente fue revocado por la autoridad ambiental del GAD provincial quedando insubsistente y sin efecto jurídico alguno.
“El documento fue solicitado a través del sistema por el operador para una actividad y se lo estaba utilizando con un propósito totalmente distinto. Como Prefectura no podemos emitir licencias ambientales para actividades mineras; esas autorizaciones son competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional”, señaló Quintanilla.
La Prefectura del Azuay aclara que no tiene competencia legal para otorgar licencias, autorizaciones o certificados que habiliten actividades mineras. Los artículos 261 numeral 11 y 313 de la Constitución establecen que los recursos minerales forman parte de los sectores estratégicos y son competencia exclusiva del Estado Central. Asimismo, el artículo 166 del Código Orgánico del Ambiente determina que estas autorizaciones corresponden a la Autoridad Ambiental Nacional.
“Vamos a cuidar el agua, las fuentes hídricas y los páramos. Nunca vamos a actuar en contra de nuestra gente”, enfatizó la prefecta, quien además pidió a la ciudadanía mantenerse informada mediante datos oficiales y evitar que este tema sea utilizado con fines políticos.
Con la denuncia presentada ante la Fiscalía, la Prefectura entregó la documentación correspondiente para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades conforme a la ley por haber ingresado en el sistema información falsa y ocultando información ambiental para obtener el certificado; delito que es sancionado en el COIP en el art 255 con pena privativa de libertad de uno a tres años.
La Prefectura del Azuay ratifica su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la normativa ambiental y la defensa de los ecosistemas de la provincia y exhorta a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales y documentación verificable.
